España:Nuevos informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes

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Amnistía Internacional

La noche del 4 de agosto varios cientos de manifestantes encaminaron sus pasos al Ministerio del Interior para protestar por la evacuación y cierre de la plaza de la Puerta del Sol el 1 de agosto. 

Autor: losminimos bajo licencia CC BY-SA 2.0 

Londres/Madrid.- Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los recientes informes sobre el uso de fuerza excesiva ejercido por las fuerzas policiales que actuaban para dispersar a manifestantes aparentemente pacíficos del llamado movimiento 15-M en Madrid. En una carta enviada esta mañana a la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, María Dolores Carrión Martín, Amnistía Internacional pregunta por el uso de la fuerza por los agentes de policía durante la intervención en el paseo de la Castellana la noche del 4 al 5 de agosto, así como en la plaza de la Puerta del Sol y sus inmediaciones los días 17 y 18 de agosto. La organización pidió aclaración a la delegada sobre las medidas que se habían adoptado para investigar los hechos y evitar que se repitan. 

La noche del jueves, 4 de agosto, varios cientos de manifestantes encaminaron sus pasos al Ministerio del Interior, situado en el paseo de la Castellana, para protestar por la evacuación y cierre de la plaza de la Puerta del Sol el 1 de agosto. Según información publicada en medios de comunicación, agentes de policía antidisturbios cargaron varias veces contra unos 800 manifestantes que se habían concentrado a las puertas del Ministerio del Interior hacia las 11 de la noche. De acuerdo con los medios, la policía reaccionó ante el intento de varios manifestantes de fijar carteles en la verja de entrada del ministerio, pero informes de testigos recopilados por Amnistía Internacional indican que la policía cargó de manera indiscriminada, también contra manifestantes pacíficos. Imágenes disponibles en Internet muestran a agentes golpeando a manifestantes con sus porras a pesar de que éstos no parecen oponer resistencia y mantienen las manos en alto. Según los medios de comunicación, 20 personas resultaron heridas tras la intervención de la policía, entre ellas 7 agentes de policía. 

Ángela Jaramillo, de 58 años, contó a Amnistía Internacional que estaba sola junto a un banco del paseo de la Castellana cuando vio avanzar hacia ella a unos 10 policías antidisturbios. Según su relato, a pesar de que su actitud era pacífica y tenía los brazos en alto, cuando los antidisturbios pasaron junto a ella, una agente la golpeó con su escudo en la cara, haciendo que cayera sobre el banco, y luego le asestó un fuerte golpe en la rodilla izquierda con su porra, causándole una contusión que posteriormente precisó tratamiento médico. 

Ángela Jaramillo contó que unas cinco personas que habían presenciado la escena acudieron a socorrerla. Según su relato, una de ellas increpó a los agentes cuando se alejaban, recriminándoles su comportamiento, y éstos volvieron sobre sus pasos y golpearon con sus porras a los miembros del grupo. El relato de Ángela Jaramillo fue confirmado por una de las mujeres que había presenciado los hechos, que tuvo que recibir asistencia médica como consecuencia de las lesiones sufridas en cuello, cadera y piernas. Ambas presentaron denuncia contra la policía al día siguiente. 

Otros testigos informaron también a Amnistía Internacional de que policías antidisturbios habían golpeado a varios manifestantes con sus porras y no habían parado a pesar de que estos habían mostrado una actitud pacífica y avisado de que entre ellos había niños, ancianos y personas discapacitadas. A Amnistía Internacional le preocupan asimismo los informes coincidentes de testigos según los cuales la policía antidisturbios no llevaba ningún tipo de identificación en el casco o el uniforme, en incumplimiento de la instrucción núm. 13/2007 dictada por el secretario de Estado para la Seguridad. 

Ante tales denuncias, Amnistía Internacional ha pedido a la delegada de gobierno en Madrid que aclare si se ha iniciado una investigación sobre el uso de la fuerza por la policía la noche del 4 al 5 de agosto, si se han tomado medidas disciplinarias contra los agentes de policía que no llevaban el número de identificación en lugar visible durante la intervención, y qué instrucciones y orientación reciben los agentes de policía sobre el uso de la fuerza, que incluye las porras, en las tareas de control de las manifestaciones. 

Amnistía Internacional ha expresado también su preocupación por informes más recientes que indican uso de fuerza excesiva por parte de agentes de policía contra manifestantes y periodistas en la plaza de la Puerta del Sol y sus inmediaciones los días 17 y 18 de agosto. Imágenes de vídeo de fácil acceso en Internet muestran a la policía antidisturbios golpeando a periodistas y manifestantes aparentemente pacíficos en ambas fechas. 

Información publicada en medios de comunicación indica que al menos 11 personas han denunciado lesiones. Según las declaraciones realizadas por la delegada de gobierno en Madrid a los medios de comunicación, se han abierto investigaciones internas en varios casos concretos en que los agentes de policía podrían haber cometido abusos. Por este motivo, Amnistía Internacional ha pedido a la delegada que aclare la naturaleza y el alcance de esas pesquisas y garantice la investigación efectiva, independiente y exhaustiva de todas las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y asimismo que se hagan públicas sus conclusiones. 

Amnistía Internacional reconoce que la policía es responsable del mantenimiento del orden público y el respeto del Estado de derecho. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos destinadas a proteger el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la persona señalan de manera inequívoca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a reducir al mínimo el uso de la fuerza, y que en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que acaten en todo momento sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales sobre actuación policial, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

Información complementaria

Desde el 15 de mayo de 2011 han tenido lugar en diversas ciudades españolas concentraciones para exigir cambios en el sistema político y en políticas concretas relacionadas con la economía, el empleo, la vivienda, la educación, la salud y otras cuestiones.

Amnistía Internacional ha expresado ya su profunda preocupación por los informes y la evidencia de uso excesivo de la fuerza la mañana del 27 de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona, cuando agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra intervinieron para dispersar a los manifestantes. Imágenes de vídeo, así como testimonios y documentación coincidentes, indicaban que la policía había golpeado reiteradamente con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y también que había disparado pelotas de goma y cartuchos de fogueo. La organización ha documentado casos de personas que denunciaron haber sufrido lesiones como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que presentaron denuncia formal para obtener justicia y reparación. 

Además, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes según los cuales las fuerzas de policía habían empleado fuerza excesiva contra manifestantes en Madrid el 15 de mayo, en Lleida el 27 de mayo, en Valencia el 9 de junio y en Barcelona el 15 de junio.

El 7 de julio, Amnistía Internacional envió sendas cartas al entonces ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al consejero de Interior del gobierno autónomo catalán, Felip Puig i Godes, para expresar su preocupación por estos informes. Desde entonces, más de 43.000 personas han firmado una petición en línea de Amnistía Internacional España para instar a las autoridades a investigar los abusos denunciados, emprender acciones judiciales contra los agentes de policía que se determine que hicieron uso excesivo de la fuerza, proporcionar reparación a las víctimas, abrir una investigación sobre el control policial de la manifestación del 27 de mayo en Barcelona y acatar en todo momento sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas internacionales sobre actuación policial. 

Hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

Según el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1979, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. 

Además, el artículo 5 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone que “ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga” y también que “reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”. 

El derecho español dispone que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben observar los principios de “coherencia”, “oportunidad” y “proporcionalidad” en el desempeño de sus funciones (Ley Orgánica 2/1986 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, artículo 5.2.c).

Fuente: Amnistía Internacional