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Se ha armado en los mentideros de internet un revuelto bizantino sobre si el articulado aplicado para perpetrar la asonada "socialista" es legal o no. Da igual, porque esta Constitución cuya efeméride se acaba de celebrar, deja en manos de los golpistas su propia interpretación. En su origen tiene su pecado: fue confeccionada no para constituir un régimen democrático, sino para blindar al nuevo Poder —surgido de un pacto secreto entre los franquistas y los llamados partidos clandestinos— contra el Pueblo.
La Constitución del 78 consiente y avala al Poder en la misma medida en que desconfia del Pueblo, y por tanto lo desprecia. La Soberanía Nacional se hace sinónimo de las listas cerradas de los partidos; los poderes, cual anillo de Tolkien, estan amarrados al ejecutivo; y los partidos políticos, a su vez, siguiendo la ley de Hierro de Michels, a la mafia que los posee como su cortijo particular.
Con una constitución democrática, lo que acaban de hacer Rubalcaba y compañía les habría salido carísimo. Un parlamento con diputados independientes de la mafia de los partidos habría exigido una investigación inmediata sobre los sucesos, y la comparecencia del Gobierno y de los representantes de los controladores. Un poder judicial independiente de la cuota de los partidos, estaría echando abajo ya el decretazo por ilegal, por inconstitucional —ni haría falta ese adefesio napoleónico llamado Tribunal Constitucional, sinecura golosa de jueces trepa con carnet de clubes políticos—.
Por contra, tenemos un parlamento sobrante que acude como convidado de piedra a aplaudir lo que sus jefes han acordado con los oligarcas, que antes habían corrido a chivarse a un Jefe de Estado —al que poco parece importarle firmar un medida anticonstitucional, mientras conserve corona y negocios— para departir luego con ZP sobre como gobernar el país o practicar el autogolpe. Los jueces no dicen ni mu, siendo como son funcionarios bajo la autoridad del Rey, el Ministerio de Justicia y la cuota del Partido en las instancias superiores.
Es el Régimen monolítico, la II Restauración borbónica, el que otorga en su propia constitución visos de credibilidad a la tesis conspiranoicas. Porque un poder de este calibre acude como algo natural a la conspiración y a la fuerza cuando algo se le resiste, ya que no hay un poder alternativo que en respuesta se le oponga controlándolo. Y esa ultima resistencia no es otra que la de los derechos civiles de una sociedad, que tiene que ser laminada para asegurar la supervivencia de un Régimen que teme más a un funcionario de Frankfurt que a su propio pueblo. Ante la peor depresión económica que se recuerde desde la Guerra Incivil, el autogolpe les resulta justificable; y, evidentemente, las interpretaciones leguleyas sobre estados de alarma ilegales, risibles.
La Constitución del 78 consiente y avala al Poder en la misma medida en que desconfia del Pueblo, y por tanto lo desprecia. La Soberanía Nacional se hace sinónimo de las listas cerradas de los partidos; los poderes, cual anillo de Tolkien, estan amarrados al ejecutivo; y los partidos políticos, a su vez, siguiendo la ley de Hierro de Michels, a la mafia que los posee como su cortijo particular.
Con una constitución democrática, lo que acaban de hacer Rubalcaba y compañía les habría salido carísimo. Un parlamento con diputados independientes de la mafia de los partidos habría exigido una investigación inmediata sobre los sucesos, y la comparecencia del Gobierno y de los representantes de los controladores. Un poder judicial independiente de la cuota de los partidos, estaría echando abajo ya el decretazo por ilegal, por inconstitucional —ni haría falta ese adefesio napoleónico llamado Tribunal Constitucional, sinecura golosa de jueces trepa con carnet de clubes políticos—.
Por contra, tenemos un parlamento sobrante que acude como convidado de piedra a aplaudir lo que sus jefes han acordado con los oligarcas, que antes habían corrido a chivarse a un Jefe de Estado —al que poco parece importarle firmar un medida anticonstitucional, mientras conserve corona y negocios— para departir luego con ZP sobre como gobernar el país o practicar el autogolpe. Los jueces no dicen ni mu, siendo como son funcionarios bajo la autoridad del Rey, el Ministerio de Justicia y la cuota del Partido en las instancias superiores.
Es el Régimen monolítico, la II Restauración borbónica, el que otorga en su propia constitución visos de credibilidad a la tesis conspiranoicas. Porque un poder de este calibre acude como algo natural a la conspiración y a la fuerza cuando algo se le resiste, ya que no hay un poder alternativo que en respuesta se le oponga controlándolo. Y esa ultima resistencia no es otra que la de los derechos civiles de una sociedad, que tiene que ser laminada para asegurar la supervivencia de un Régimen que teme más a un funcionario de Frankfurt que a su propio pueblo. Ante la peor depresión económica que se recuerde desde la Guerra Incivil, el autogolpe les resulta justificable; y, evidentemente, las interpretaciones leguleyas sobre estados de alarma ilegales, risibles.
Pepe Fernández
Fuente: Acratas
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