Ejemplar de roble del bosque Sherwood uno de los que quieren privatizar.
El mismo Gobierno británico que en su día se autoproclamara "el más verde de la historia del país" está considerando ahora una suerte de privatización de la naturaleza, entregando a empresas la gestión parcial o total de los parques nacionales. El proyecto, que ha suscitado las protestas de los grupos ecologistas, forma parte de un paquete de drásticas medidas que incluirían el recorte del gasto para la protección ambiental en hasta un 40%.
Ciclista habitual hasta que desembarcó en Downing Street en mayo y propietario de una casa con placas solares, el primer ministro David Cameron parece dispuesto a dejar de lado sus supuestas credenciales ecologistas frente a la lucha contra el déficit.
Ciclista habitual hasta que desembarcó en Downing Street en mayo y propietario de una casa con placas solares, el primer ministro David Cameron parece dispuesto a dejar de lado sus supuestas credenciales ecologistas frente a la lucha contra el déficit.
El borrador del Ejecutivo -adelantado por The Guardian- estudia la venta de reservas naturales, la reducción de los recursos de la agencia gestora de unos 4.000 kilómetros de canales y ríos, la semiprivatización de la Comisión Forestal y la del Servicio Meteorológico (Met Office), pionero en la investigación del cambio climático. El presupuesto contra la contaminación también se vería mermado. La decisión no se tomará hasta noviembre, y sea cual sea el alcance del tijeretazo, el Gobierno espera cierta comprensión, ya que también habrá recortes en educación y sanidad.
Veinticinco grupos conservacionistas han enviado a Cameron una carta en la que se muestran inquietos ante las "consecuencias irreversibles para la fauna, la naturaleza y los propios habitantes". "Los ahorros a corto plazo -concluye el texto- pueden traducirse en un coste de largo impacto para nuestra economía y el bienestar de la población".
Estos grupos no predican en el desierto. El británico de a pie vive hoy agobiado por la lenta recuperación económica, pero no por ello la conservación de sus espacios naturales, consideradas verdaderas "joyas de la corona", ha dejado de ser un asunto de interés nacional.
La venta de terrenos públicos para salir de la crisis es una idea recurrente. Dos diputados alemanes pidieron que Grecia vendiera algunas de sus miles de islas antes de pedir ayuda a la UE. El catedrático y ex ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa planteó en mayo en ABC una nueva desamortización para combatir el déficit. Allí afirmó que vender un tercio de las 7,50 millones de hectáreas de ayuntamientos y comunidades permitiría ingresar más de 7.500 millones de euros.
El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, descartó ayer esa posibilidad: "El buen gobierno es gestionar adecuadamente los bienes públicos. Y los parques nacionales y montes y fincas patrimonio del Estado tienen un valor muy superior al precio de negociación mercantil en un momento puntual. Malvender lo público es, en términos de conservación de la naturaleza, pan para hoy (poco) y hambre para mañana".
Veinticinco grupos conservacionistas han enviado a Cameron una carta en la que se muestran inquietos ante las "consecuencias irreversibles para la fauna, la naturaleza y los propios habitantes". "Los ahorros a corto plazo -concluye el texto- pueden traducirse en un coste de largo impacto para nuestra economía y el bienestar de la población".
Estos grupos no predican en el desierto. El británico de a pie vive hoy agobiado por la lenta recuperación económica, pero no por ello la conservación de sus espacios naturales, consideradas verdaderas "joyas de la corona", ha dejado de ser un asunto de interés nacional.
La venta de terrenos públicos para salir de la crisis es una idea recurrente. Dos diputados alemanes pidieron que Grecia vendiera algunas de sus miles de islas antes de pedir ayuda a la UE. El catedrático y ex ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa planteó en mayo en ABC una nueva desamortización para combatir el déficit. Allí afirmó que vender un tercio de las 7,50 millones de hectáreas de ayuntamientos y comunidades permitiría ingresar más de 7.500 millones de euros.
El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, descartó ayer esa posibilidad: "El buen gobierno es gestionar adecuadamente los bienes públicos. Y los parques nacionales y montes y fincas patrimonio del Estado tienen un valor muy superior al precio de negociación mercantil en un momento puntual. Malvender lo público es, en términos de conservación de la naturaleza, pan para hoy (poco) y hambre para mañana".
La idea del ministerio es que los bosques tienen un valor en forma de control de escorrentías, secuestro de CO2 y biodiversidad muy superior al precio de mercado. Consideran que las desamortizaciones del siglo XIX enriquecieron a muy pocos y empobrecieron al país. En algunas zonas, como el entorno de las Tablas de Daimiel, Medio Ambiente compra fincas para reforestarlas.
Fuente: El Pais
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