"El clamor es unánime por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Bruselas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Barack Obama y hasta el sursum corda del capitalismo globalizado: en España se debe realizar una reforma del mercado laboral que elimine sus rigideces, a fin de conseguir la creación de empleo."
Esta monodia polifónica no es otra cosa que el agarradero ideológico de quienes no quieren entender que la crisis en presencia es sistémica y, en consecuencia, demandadora de medidas, soluciones y proyectos que supediten la razón económica a la racionalidad y la modernidad; es decir, a la centralidad del ser humano. Siguen abrazados a un cadáver y a sus intereses individuales efímeros y de corto vuelo.
La facilidad y baratura del despido conducirán a la reedición de la llamada Ley de Bronce de los salarios explicada por David Ricardo (1772- 1823), según la cual éstos deberían tender a situarse en el nivel mínimo de subsistencia de los trabajadores. Esta tendencia revive en los presentes ataques contra el salario directo de los asalariados.
Los recortes que se le demandan al llamado Estado de Bienestar convergen en la disminución del llamado salario indirecto; es decir, la sanidad y la educación públicas, el transporte, la cultura, la asistencia social, etc.
La congelación -por ahora- de las pensiones y jubilaciones es la manifestación de la agresión al llamado salario diferido. Todos los derechos contemplados en pactos internacionales, cartas europeas y compromisos gubernamentales quedan en papel mojado. Y en el caso de la Constitución española de 1978 la flagrancia de la vulneración es más que evidente.
Los autores del mal expenden las recetas para curarlo. Ellos siempre ganan. Y así mientras los damnificados no asuman que la ciencia económica está supeditada a los intereses mayoritarios. Carece de autonomía.
Mientras tanto, avanzamos a buen paso hacia el siglo XIX.
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.
Fuente: El Economista