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Las imágenes de las calles de Atenas de los últimos días no dejan lugar a dudas: la crisis económica y su gestión (rescate internacional incluido) han provocado una fractura social incalculable en el país heleno. Y tras el temblor de los cimientos de la cuna de la civilización occidental, está por ver si las grietas se extenderán a
otros puntos del continente. ¿Quizá España?
Lo cierto es que Grecia tiene unos condicionantes previos muy particulares. No es la primera vez en dos años que vemos arder (literalmente) sus calles. Apenas hace un año y medio, los jóvenes griegos protagonizaron un estallido de ira. La muerte de un adolescente a manos de la policía valió para encender la mecha. Pero el caldo de cultivo (económico y social) lo hacía muy fácil: una elevadísima tasa de paro juvenil, una importante brecha con la juventud de otros países de la región (el salario medio de los jóvenes griegos con estudios es
de 700 euros), la inoperancia del anterior Gobierno heleno...
Ahora el detonante que ha llevado a los griegos a tomar las calles (con episodios de violencia que han dejado tres muertos) ha sido el severo plan de austeridad económica que ejecutará el Gobierno de Yorgos Papandreu, obligado por el FMI y Bruselas para acceder a los fondos del plan de rescate. Pero los griegos no van a ser los únicos que tendrán que apretarse el cinturón: España ya prepara su plan de recortes.
Hoy por hoy, la situación griega tiene algunos ingredientes comunes con el plato que se cocina en la economía española. España cuenta con el nivel de desempleo más alto de la zona euro (un 20% en el primer trimestre), con especial incidencia en la población más joven. Y aunque por ahora el plan de ajuste que prepara el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presumiblemente es menos severo que el griego, ya se han puesto sobre la mesa algunas medidas polémicas, como alargar la edad de jubilación (que ya provocó movilizaciones) y recortar el gasto en funcionarios. ¿Suficiente para un conflicto social del mismo calado del griego?
Conflictividad social de exportación
Hoy por hoy, la situación griega tiene algunos ingredientes comunes con el plato que se cocina en la economía española. España cuenta con el nivel de desempleo más alto de la zona euro (un 20% en el primer trimestre), con especial incidencia en la población más joven. Y aunque por ahora el plan de ajuste que prepara el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presumiblemente es menos severo que el griego, ya se han puesto sobre la mesa algunas medidas polémicas, como alargar la edad de jubilación (que ya provocó movilizaciones) y recortar el gasto en funcionarios. ¿Suficiente para un conflicto social del mismo calado del griego?
"La violencia social en Grecia no es consecuencia de la recesión actual, es producto del tipo de relaciones económicas anteriores. Los disturbios recurrentes tienen su origen en una economía con muy poca flexibilidad y que genera fácilmente exclusión", explica Ivan Briscoe, investigador del think tank de relaciones Clingendael, con sede en La Haya. "En Grecia ya eran muchos los que no tienen acceso a la economía formal, y la situación se ha agudizado con el plan de austeridad al trasladar los problemas también a los que sí tenían acceso".
Agentes sociales y expertos españoles aún ven lejanas las estampas de las calles griegas. Pero admiten que la crisis está haciendo que aumente la temperatura social. Y subiendo. "El Gobierno español va a tener que aplicar los recortes en el gasto público que aún no ha querido adoptar. Y cuando suceda y se empiecen a notar los efectos en el bolsillo de la gente, el pueblo puede reaccionar", sostiene Briscoe.
Hay quien teme que, como en otras ocasiones, la eventual puesta en marcha de una reforma laboral por parte del Gobierno puede ser el detonante de posibles movilizaciones. En realidad, dependerá, como advierten algunos analistas, de si la necesidad de reformar el mercado laboral es o no un mensaje que ha calado en la mayoría de ciudadanos. Florentino Felgueroso, experto en el mercado laboral e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entiende que los españoles "han interiorizado que la reforma laboral será conveniente y previsiblemente no movilizará lo suficiente como para llegar a una huelga general".
Felgueroso admite, no obstante, que los antecedentes no son alentadores: las huelgas generales precedentes fueron consecuencia directa de sendas reformas laborales. "Pero ahora los sindicatos tienen menos peso", dice el investigador de Fedea. En este sentido, Eduardo Moyano, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), subraya que sólo los movimientos sectoriales (fábricas, astilleros, minería...) han tenido verdadero poder movilizador entre los trabajadores españoles.
Los planes de recorte del déficit público que prepara el Gobierno pueden pasar por un recorte de las condiciones laborales (presentes y futuras) de los funcionarios públicos. En tal caso, algunos expertos temen que sea el funcionariado (cuyo nivel de afiliación sindical duplica el del sector privado: 36% frente a 18%) el que encabece unas movilizaciones que pueden acabar arrastrando al resto de trabajadores.
En los próximos meses, según Ivan Briscoe, puede darse en España una secuencia de acontecimientos que pondría en jaque la paz social. El investigador del Clingendael teme esta sucesión de escenarios: "Los mercados aumentan enormemente el coste de la emisión de deuda pública; empiezan a ser evidentes los problemas presupuestarios de la Administración; el Gobierno tiene que proceder a recortes del gasto público con carácter inmediato; los primeros afectados de estos recortes son los empleados del sector público, que empiezan a salir a la calle; se unan a ellos los grupos más afectados por la crisis (parados, mileuristas, trabajadores temporales...), que hasta ahora no estaban organizados y aprovechan el tirón de los sindicatos del sector público; pero también se suman grupos radicalizados minoritarios que llevan la violencia a las calles...". "No es difícil imaginar que se produzca en España esta secuencia", dice Briscoe, "y si pasa, entonces sí, España se convierte en Grecia".
En cualquier caso, los expertos coinciden que para que se desaten movilizaciones de calado primero tiene que asentarse un proceso que, de momento, no se ve: debería nacer una especie de conciencia de clase entre los más afectados por la crisis, surgir un sentimiento de pertenencia a un grupo en el que sus miembros (aun con características heterogéneas) comparten los mismos problemas de exclusión. "Puede pasar si parte de los españoles empiezan a tomar conciencia de que los que provocaron la burbuja inmobiliaria y la financiera no pagan como ellos el precio de la crisis", apunta Briscoe. "No es una conciencia de clase en el sentido clásico, es más bien la aparición de un resentimiento general".
De cualquier modo, parece que de momento existen más puntos que separan los escenarios griego y español que los que los unen. "En Grecia sólo hay un Gobierno nacional contra el que protestar. En España tenemos el Ejecutivo central y 17 comunidades autónomas. Nuestro modelo diluye los centros de poder contra los que protestar y descongestiona las tensiones", indica Eduardo Moyano, del CSIC.
Además, aquí en España mantenemos ciertos soportes que sirven de freno del descontento por la mala coyuntura y evitan el incremento de la marginalidad. "Por un lado, la elevada protección social. Por otro, las redes de ayuda familiar, de la Iglesia y de las ONG, que funcionan bastante bien", explica Moyano. Y, no podemos olvidarlo, la importante economía sumergida española (de entre el 20 y el 24% del PIB, según las fuentes) ejerce de efectiva válvula de escape de las tensiones sociales. Cuando las economías familiares se sostienen, mal que bien, con dinero negro, la conflictividad social se aplaza. Y, de momento, en España es lo que está sucediendo.
Fuente de la noticia: Expansión
Agentes sociales y expertos españoles aún ven lejanas las estampas de las calles griegas. Pero admiten que la crisis está haciendo que aumente la temperatura social. Y subiendo. "El Gobierno español va a tener que aplicar los recortes en el gasto público que aún no ha querido adoptar. Y cuando suceda y se empiecen a notar los efectos en el bolsillo de la gente, el pueblo puede reaccionar", sostiene Briscoe.
¿La reforma laboral como detonante?
Hay quien teme que, como en otras ocasiones, la eventual puesta en marcha de una reforma laboral por parte del Gobierno puede ser el detonante de posibles movilizaciones. En realidad, dependerá, como advierten algunos analistas, de si la necesidad de reformar el mercado laboral es o no un mensaje que ha calado en la mayoría de ciudadanos. Florentino Felgueroso, experto en el mercado laboral e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entiende que los españoles "han interiorizado que la reforma laboral será conveniente y previsiblemente no movilizará lo suficiente como para llegar a una huelga general".
Felgueroso admite, no obstante, que los antecedentes no son alentadores: las huelgas generales precedentes fueron consecuencia directa de sendas reformas laborales. "Pero ahora los sindicatos tienen menos peso", dice el investigador de Fedea. En este sentido, Eduardo Moyano, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), subraya que sólo los movimientos sectoriales (fábricas, astilleros, minería...) han tenido verdadero poder movilizador entre los trabajadores españoles.
¿Los funcionarios como 'vanguardia del proletariado'?
Los planes de recorte del déficit público que prepara el Gobierno pueden pasar por un recorte de las condiciones laborales (presentes y futuras) de los funcionarios públicos. En tal caso, algunos expertos temen que sea el funcionariado (cuyo nivel de afiliación sindical duplica el del sector privado: 36% frente a 18%) el que encabece unas movilizaciones que pueden acabar arrastrando al resto de trabajadores.
En los próximos meses, según Ivan Briscoe, puede darse en España una secuencia de acontecimientos que pondría en jaque la paz social. El investigador del Clingendael teme esta sucesión de escenarios: "Los mercados aumentan enormemente el coste de la emisión de deuda pública; empiezan a ser evidentes los problemas presupuestarios de la Administración; el Gobierno tiene que proceder a recortes del gasto público con carácter inmediato; los primeros afectados de estos recortes son los empleados del sector público, que empiezan a salir a la calle; se unan a ellos los grupos más afectados por la crisis (parados, mileuristas, trabajadores temporales...), que hasta ahora no estaban organizados y aprovechan el tirón de los sindicatos del sector público; pero también se suman grupos radicalizados minoritarios que llevan la violencia a las calles...". "No es difícil imaginar que se produzca en España esta secuencia", dice Briscoe, "y si pasa, entonces sí, España se convierte en Grecia".
En cualquier caso, los expertos coinciden que para que se desaten movilizaciones de calado primero tiene que asentarse un proceso que, de momento, no se ve: debería nacer una especie de conciencia de clase entre los más afectados por la crisis, surgir un sentimiento de pertenencia a un grupo en el que sus miembros (aun con características heterogéneas) comparten los mismos problemas de exclusión. "Puede pasar si parte de los españoles empiezan a tomar conciencia de que los que provocaron la burbuja inmobiliaria y la financiera no pagan como ellos el precio de la crisis", apunta Briscoe. "No es una conciencia de clase en el sentido clásico, es más bien la aparición de un resentimiento general".
¿La economía sumergida como 'antidisturbios'?
De cualquier modo, parece que de momento existen más puntos que separan los escenarios griego y español que los que los unen. "En Grecia sólo hay un Gobierno nacional contra el que protestar. En España tenemos el Ejecutivo central y 17 comunidades autónomas. Nuestro modelo diluye los centros de poder contra los que protestar y descongestiona las tensiones", indica Eduardo Moyano, del CSIC.
Además, aquí en España mantenemos ciertos soportes que sirven de freno del descontento por la mala coyuntura y evitan el incremento de la marginalidad. "Por un lado, la elevada protección social. Por otro, las redes de ayuda familiar, de la Iglesia y de las ONG, que funcionan bastante bien", explica Moyano. Y, no podemos olvidarlo, la importante economía sumergida española (de entre el 20 y el 24% del PIB, según las fuentes) ejerce de efectiva válvula de escape de las tensiones sociales. Cuando las economías familiares se sostienen, mal que bien, con dinero negro, la conflictividad social se aplaza. Y, de momento, en España es lo que está sucediendo.
Fuente de la noticia: Expansión
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